El TJUE sanciona a España por incumplir la normativa europea sobre aguas residuales

08/01/2026 11:29:48

Línea Verde

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia condenatoria contra España por el incumplimiento sistemático y reiterado de la Directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El fallo, emitido este jueves desde la sede de la corte en Luxemburgo, ratifica la denuncia interpuesta por la Comisión Europea y pone de manifiesto graves carencias en las infraestructuras hidráulicas de medio centenar de núcleos poblacionales.

La sentencia identifica deficiencias críticas en la recogida, depuración y control de vertidos en un total de 50 aglomeraciones urbanas distribuidas por diversos puntos de la geografía nacional. Entre los núcleos señalados figuran capitales y grandes centros de población como Donostia-San Sebastián, Cáceres y Mérida, además de localidades como Rubí, Santoña y diversas áreas del litoral canario.

Exigencias de Bruselas

Uno de los puntos más críticos del dictamen se centra en la gestión de colectores. El TJUE declara que el Estado español no ha garantizado la recogida adecuada de aguas residuales en trece zonas, con especial incidencia en las Islas Canarias. En el archipiélago, las autoridades locales optaron por sistemas de tratamiento individuales que, según la corte, no cumplen con los estándares de seguridad exigidos por Bruselas. Del mismo modo, se menciona el caso de Medio-Andarax, en Andalucía, por carecer de un sistema colector completo y funcional.

La resolución judicial es contundente respecto al tratamiento de las aguas residuales antes de su devolución al medio ambiente. En al menos 34 aglomeraciones, los vertidos no se someten al tratamiento secundario o equivalente que marca la legislación. La situación es aún más grave en diecinueve zonas catalogadas como «sensibles», donde la normativa europea impone un filtrado mucho más riguroso que España ha omitido de forma persistente.

Control de vertidos de aguas residuales

Además de la falta de infraestructuras, el tribunal constata un «incumplimiento generalizado» en las tareas de vigilancia. España ha fallado en sus obligaciones de control de vertidos y en el seguimiento del impacto de los lodos sobre el entorno natural en unas cincuenta aglomeraciones de más de 10.000 habitantes.

La única victoria parcial para la administración española se sitúa en la localidad extremeña de Trujillo, donde el tribunal consideró que el Ejecutivo comunitario no logró demostrar el incumplimiento en la fecha límite establecida de abril de 2020.

Aunque esta sentencia no conlleva la imposición inmediata de multas, representa un paso previo determinante. Si España no subsana estas irregularidades con celeridad, la Comisión Europea podrá iniciar un segundo procedimiento ante el TJUE para solicitar sanciones económicas millonarias, que incluirían tanto una multa a tanto alzado como penalizaciones diarias coercitivas hasta que se garantice la pureza de los vertidos.

 

Redacción Ambientum

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